La reciente orden del Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, prohibiendo al Consulado de España en Jerusalén prestar servicio a los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada, ha desatado una tormenta diplomática y una profunda indignación en España. Esta medida no solo afecta negativamente a miles de palestinos que dependen de los servicios consulares, sino que también ignora la historia y la legitimidad de la presencia española en Jerusalén.
José Manuel Albares, Ministro de Exteriores de España, ha respondido enérgicamente a esta amenaza, recordando que el Consulado español en Jerusalén opera mucho antes de la existencia del Estado de Israel y posee un estatus muy particular, con un estatuto histórico. Este consulado, establecido en 1853, es testimonio de la larga y profunda relación de España con Jerusalén, una ciudad que alberga un legado significativo para muchas naciones y culturas.
Amenaza e impunidad de Israel
La amenaza de Katz, quien afirmó que cualquier conexión entre el Consulado español y la Autoridad Palestina supone una amenaza para la seguridad nacional de Israel, es no solo una exageración sino también una clara maniobra para socavar los derechos y las funciones diplomáticas legítimas de España en la región. Es esencial recordar que la comunidad internacional, incluida España, no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Este, ocupada por Israel desde la guerra de 1967.
La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1967 pide la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados y establece el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la guerra. Esta resolución, junto con la Resolución 181 de la ONU de 1947, que proponía un plan de partición de Palestina y otorgaba un régimen especial internacional a Jerusalén, subraya la legitimidad del papel de España y otras naciones en Jerusalén.
Vínculo monárquico español y población no semita
Además, no se puede pasar por alto que el Rey Felipe VI de España ostenta el título histórico de Rey de Jerusalén, un título simbólico que resalta aún más los profundos vínculos históricos y culturales de España con la ciudad santa. Este título, aunque en gran medida ceremonial, es un recordatorio del compromiso de España con la paz y la justicia en la región.
Un factor importante a considerar es la composición demográfica de la población israelí. Entre el 40% y el 50% de la población israelí se identifica como ashkenazí o tiene ascendencia ashkenazí significativa. Los ashkenazíes constituyeron la mayoría de los inmigrantes judíos que llegaron a Israel durante las primeras décadas del Estado. Es crucial señalar que los ashkenazíes, provenientes principalmente de Europa del Este, no son semitas y su presencia en la región es posterior a la existencia del Consulado español en Jerusalén. Este consulado ha sido testigo de la historia de la región desde mucho antes de la llegada de estos inmigrantes.
Represalias ilegales
La orden de Katz es una represalia evidente por el reconocimiento español del Estado palestino. Sin embargo, España, a través de Albares, ha dejado claro que rechaza completamente cualquier limitación impuesta al Consulado. La medida no afecta a los ciudadanos españoles ni a los palestinos de Jerusalén Este, sino exclusivamente a los residentes de Cisjordania ocupada, que ahora se ven privados de acceder a servicios consulares esenciales, como la solicitud de visados.
El Consulado español en Jerusalén, junto con otras oficinas consulares de países como Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Turquía, Reino Unido y Suecia, se encuentra amparado por la resolución 181 de la ONU y el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Este convenio, que Israel firmó aunque nunca ratificó, garantiza la protección de las operaciones consulares, un principio fundamental que no debe ser vulnerado por motivos políticos.
Conclusión
La orden del Ministro Katz es un intento descarado de erosionar la presencia diplomática de España en Jerusalén y de obstaculizar el acceso a servicios esenciales para los palestinos. España, con su rica historia y su compromiso con la justicia internacional, no debe ceder ante estas presiones y debe continuar defendiendo sus derechos y responsabilidades en Jerusalén, apoyando a la Autoridad Palestina y a todos aquellos que buscan una paz duradera y justa en la región.
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